Según la Encuesta sobre Discapacidad del INDEC, el 7,1% de la población sufre alguna discapacidad, lo que implica cerca de 2,7 millones de personas. "Pero la encuesta sólo tomó centros urbanos de más de 5.000 habitantes. En áreas rurales, el porcentaje es mayor, por falta de acceso a la rehabilitación", señala Bea Pellizzari, directora de La Usina. Esto da grandes diferencias con países afines: en el 20,6% de los hogares argentinos vive al menos un discapacitado, mientras que en Chile es el 34,5%.

Desde julio de este año y hasta febrero de 2008, la ONG "La Usina", lleva adelante una campaña de sensibilización nacional para sumar voces con el objetivo de que las leyes que contemplan a las personas con capacidades diferentes –que existen en la Constitución Argentina— se cumplan.

"La Usina - El cambio en discapacidad" es una asociación civil sin fines de lucro, que trabaja para promover la libertad de las personas con discapacidad.

Si alguna vez enfrentaste situaciones donde el acceso a determinado fin te resultó vedado debido a alguna imposibilidad física, entenderás en parte las limitaciones a las que se enfrentan las personas con capacidades diferentes. Personalmente, me tocó estar en sillas de ruedas luego de una operación, durante tres meses; ahí tomé real dimensión de la problemática. Veredas rotas y desparejas, inaccesibilidad de subir a un colectivo, falta de rampas de acceso a edificios públicos…, barreras físicas que segregan, separan y aíslan, desde lo arquitectónico, lo urbanístico, en el transporte y en las comunicaciones. Y en este caso sólo me estoy refiriendo a las trabas con las que se encuentra una persona con dificultades motoras. Sumemos a esto, el resto de las discapacidades o capacidades diferentes, como es más oportuno nombrar.

Barreras alrededor del mundo

Según la opinión de Judith Heumann, asesora en materia de Discapacidad del Banco Mundial, dentro de las políticas sociales de los gobiernos en diferentes partes del mundo, las personas con discapacidad están en la escala más baja de las prioridades. Es más, afirma que en los países en vías de desarrollo, "en comparación con los países desarrollados, el tema de la calidad de vida está a nivel de sobrevivencia. Entre más pobre es el país, peor es la situación de las personas con discapacidad y, es en estos países, donde hay menos estabilidad social y política, donde más se aumenta la relación entre la discapacidad, la pobreza y el conflicto".

Muchos países, tal como sucede en Argentina, tienen normas que cuadran bien con las necesidades de las personas con capacidades diferentes, pero no se aplican. Otra constante es la falta de información sobre los derechos que asisten a esta población. Por ejemplo, la Ley 22.431 establece un cupo mínimo del 4% de empleados con discapacidad en la administración pública nacional, así como también en empresas concesionarias de servicios. Afirman que no se llega ni siquiera al 1%. En este punto quiero citar cómo, en forma bochornosa, el Estado entrerriano presentó por estos días un recurso contra la disposición de la Justicia que obliga a la provincia a dar trabajo en la administración pública a una joven ciega. Las leyes que protegen a las personas con discapacidades están, pero no se cumplen.

Generalmente, la palabra discapacidad se asocia con términos tales como asistencia, solidaridad, vergüenza, temor, voluntarismo, piedad, resignación, caridad… Difícilmente, la palabra discapacidad encuentra relación con voces tales como eficiencia, rendimiento, competitividad, normalidad, capacidad y cuando lo hace, se toman como casos excepcionales o derivados de la necesidad de superación que les impone la misma discapacidad y no como aptitudes que pueden ser innatas.

Las autoridades competentes hacen demasiado poco para ayudar a que estas definiciones se desarraiguen. Contribuyen con un criterio asistencialista que anula el desarrollo de la persona con discapacidad, llevan adelante una actividad más de carácter administrativo que tender efectivamente a la integración social. Falta protagonismo de las personas afectadas en la búsqueda de alternativas positivas, y lo que es más grave aún, el Gobierno no verifica el grado de cumplimiento de la legislación existente, ni favorece para que la sociedad tome mayor conciencia real sobre la problemática.

Es de esperar que el trabajo que lleva adelante la gente de "La Usina" abra un poco más las puertas de la igualdad y de las oportunidades frente a la vida. Nadie debería quedar ajeno a este problema pues cuando hay un mundo que exige libertades y derechos donde se puede optar por una forma de vida; de creencia o de educación; las oportunidades para quienes tienen dificultades físicas o intelectuales deberían ser prioridad y no sólo un complemento legislativo "para quedar bien".